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El Congreso de Yucatán aprobó la ley de servicios post-penales, legislación que busca ayudar a la reinserción social de las personas al salir de la cárcel, además prevé eliminar antecedentes penales.

Celia Rivas, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Yucatán, explicó que se borrarán los antecedentes penales cuando los internos hayan cumplido su sentencia y no se traten de delitos graves.

Esta ley, pionera en el país, evita la discriminación por actos del pasado.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 6 meses de 2017 se presentaron 18,770 denuncias por delitos menores en Yucatán, entre ellos, amenazas, daño en propiedad ajena y abuso de confianza.

Cada año, en promedio, se otorgan 75 mil certificados de antecedentes penales en Yucatán, requisito fundamental para obtener empleo y para entrar a algunas universidades.

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Dic 07, 2018

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