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Alberto Loret de Mola / Director General: Cristián Loret de Mola.

Mérida. Por lo menos 125 centros de salud locales y alrededor de 64 cárceles comunitarias en los 106 municipios de Yucatán, presentan serias deficiencias e incumplen las condiciones mínimas de seguridad e higiene para dar un trato digno a pacientes y detenidos, respectivamente, según estudios documentados en 2018 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

El organismo reportó que el año pasado se emitieron 40 recomendaciones, dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al rendir este día su informe anual de actividades ante el Congreso del estado, el Ombudsman estatal, Miguel Oscar Sabido Santana, dijo que en primera instancia, se detectaron deficiencias en los 125 centros de salud, ubicados en los 106 municipios, como falta de personal, mantenimiento de las instalaciones, equipo y material de trabajo, medicamentos y, en algunos casos, insensibilidad en el trato a los pacientes.

Ante los diputados de la 62 Legislatura local, el Presidente de la Codhey presentó el resultado de las investigaciones realizadas durante 2018 por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, adjunta a la dependencia.

De la investigación en los 125 centros de salud, se documentaron 10 que presentaron mayores deficiencias en los municipios de Kantunil, Samahil, Chemax, Progreso, Valladolid, Ticul, Panabá, Tekax, Uayma y Kanasín. Hubo exhorto a las autoridades para promover el trato digno y adecuado a los pacientes y sus familiares, así como brindar en todos los centros de salud, servicios más efectivos y de calidad.

En el rubro del programa de supervisiones, se realizaron visitas a los hospitales públicos Dr. Agustín O´Horán; Psiquiátrico de Mérida; General de Tekax; Materno Infantil; Comunitario de Peto; Comunitario de Ticul; General San Carlos de Tizimín y el Hospital General de Valladolid, donde se advirtieron necesidades como insuficiencia de personal médico, de enfermería y de seguridad; la falta de infraestructura y de equipamiento adecuado en sus instalaciones; desabasto de medicamentos y en algunos casos, la falta de sensibilización del personal en su trato hacia los usuarios.

Las supervisiones de la Codhey también incluyeron las cárceles municipales y a las instalaciones del área de detención de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Se observó que el 68 por ciento de los municipios (64 de un total de 106) no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención.

Los visitadores hallaron, entre otras irregularidades, la falta de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas; no se les practica valoración médica; presentan deficiencias en cuanto a higiene; ventilación e iluminación tanto artificial como natural; las comandancias se encuentran lejanas a las cárceles municipales y la carencia de personal médico.

Las 10 cárceles que presentaron mayores deficiencias fueron en los municipios de Acanceh, Dzan, Kaua, Tahmek, Tecoh, Ticul, Tzucacab, Yobaín, Chemax y Peto. Y sólo los ayuntamientos de Teya, Opichén, Suma de Hidalgo y Buctzotz, mejoraron las condiciones de sus centros de reclusión.

Recomendaciones

Por lo que respecta a las recomendaciones, la Codhey emitió 40 dirigidas a 28 autoridades, principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado. Las cinco más recomendadas: Secretaría de Seguridad Pública estatal con 11 expedientes; Fiscalía General Estado con cinco; y las presidencias municipales de Motul, Progreso y Ticul, dos de cada uno, respectivamente.

El Ombudsman Sabido Santana informó que el año pasado 211 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Informó que durante el período del 1 de enero al 31 diciembre de 2018, se recibieron en las oficinas de Mérida, las delegaciones de Valladolid y Tekax, así como en las oficinas de enlace, un total de tres mil 566 solicitudes de atención, un promedio de 10 asuntos por día.

En atención a estos hechos, se formaron tres mil 116 expedientes de orientaciones y gestiones. También se integraron 330 quejas, un promedio de 20 por mes. Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas violaciones a derechos humanos, observados a través de publicaciones en los diversos medios de comunicación, se iniciaron de oficio 35 expedientes.

Los hechos violatorios más recurrentes durante el período señalado fueron: prestación indebida del servicio público 294; detención arbitraria 215; lesiones 187; amenazas,81; retención ilegal 60; robo 60; allanamiento de morada 52; tratos crueles, inhumanos o degradantes 51; violación a los derechos de los niños 40; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 38.

Las diez autoridades más con quejas fueron: la Secretaría de Seguridad Pública con 183; Secretaría de Educación 29; el Ayuntamiento de Kanasín 26; la Fiscalía General del Estado 25; el Ayuntamiento de Mérida 12; Ayuntamiento de Progreso 11; Secretaría de Salud de Yucatán 8; y los ayuntamientos de Tekax, 6; de Hoctún, 5; y Valladolid, 5.

Se interpuso ante el Ministerio Público 15 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender hechos presuntamente delictivos.

La Jornada

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