El pasado mes de abril, el Congreso mexicano aprobó por unanimidad las enmiendas a los artículos 4 y 27, fracción 20, de nuestra Constitución Política, para reconocer el Derecho a la Alimentación todos los mexicanos

Esto es un importante logro de la lucha y perseverancia de las organizaciones campesinas, de la sociedad civil, así como de reconocidos intelectuales, académicos e investigadores y profesionales de la nutrición, así como de varios legisladores.

La reforma constitucional, es también un reconocimiento de los derechos humanos y honrar los tratados internacionales signados por México.
La iniciativa aprobada incorpora en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la alimentación para toda persona, así como la obligación del Estado de garantizarlo.

Esto implica asegurar un abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos para lo cual es indispensable un desarrollo rural integral.
El pasado junio estuvo en México el señor Olivier de Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, quien en una misión oficial visitó poblaciones de los estados de Jalisco y Chiapas, Nayarit y San Luis Potosí y se reunió con representantes de comunidades rurales, con organizaciones de la sociedad civil, y con autoridades de los gobiernos federal, estatales y municipales.

Derivado de dichos encuentros, emitió un informe en el que menciona que en México persisten condiciones que hacen todavía lejana la meta de reducir el hambre en niños menores de cinco años y que estos se encuentran por debajo de su peso normal.

Según su análisis, los avances no han sido iguales y el nivel de privación en el goce del derecho a la alimentación todavía es grave en una parte significativa de nuestra población.

Otro rasgo importante que advierte su estudio, es el de las diferencias marcadas en relación a los indicadores del derecho a la alimentación entre la población indígena y la no indígena, ya que aunque ambos grupos han experimentado grandes mejoras paulatinas en cuanto a la malnutrición infantil, la población más afectada sigue siendo la indígena.

Reconoció algunos avances que nuestro país ha conseguido a partir de la aprobación del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás tratados internacionales sobre la materia, así como la reciente reforma constitucional sobre el “derecho a la alimentación”.

Sin embargo, recomendó establecer en México una estrategia nacional a partir de cuatro ejes fundamentales:

1.- Mayor apoyo a la producción agrícola, a fin de asegurar la disponibilidad de alimentos.
2.- Garantizar mayor accesibilidad a la alimentación; combatiendo la pobreza rural y urbana mediante programas sociales, con protección de los derechos de los trabajadores, proyectos de desarrollo a gran escala y promoción de las ciudades rurales sostenibles.
3.- Una alimentación adecuada, que redunde en la ingesta de dietas saludables.
4.- Sustentabilidad, que garantice el futuro alimentario en México.

Desde su punto de vista, las políticas agrícolas mexicanas son insuficientes para los pobres.

Esto se refleja en el hecho de que los seis estados más pobres de la República mexicana, recibieron sólo 7% del total del gasto público agrícola a pesar de que en ellos habita 55% de la población en extrema pobreza: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Yucatán.

Por último, el relator especial enfatizó la importancia de una alimentación adecuada a través de dietas saludables, por el problema del sobrepeso y la obesidad en México.

Esta información coincide con el reporte de la Organización Mundial de la Salud, que señala que la desnutrición es provocada por la falta de ingesta o absorción de alimentos, y que es principalmente “consecuencia de una dieta inadecuada y de infecciones frecuentes, que ocasionan deficiencias de calorías, proteínas, vitaminas y minerales”.

Ante este difícil panorama, quienes participamos en la esfera de la gestión legislativa consideramos oportuno adherirnos a los trabajos que han venido desarrollándose desde el Parlamento Latinoamericano y la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuyo objetivo ha sido organizar y consolidar un Frente Parlamentario contra el Hambre en todos los países de la región latinoamericana.