Recientemente dos organismos multilaterales emitieron sendos reportes sobre el tema general de economía y crecimiento verde: el PNUMA elaboró un largo documento sobre “economías verdes” (Towards a Green Economy), cuyo resumen para tomadores de decisión está disponible electrónicamente (http://bit.ly/NDmi2v); la OCDE, junto con el Banco Mundial y la ONU, preparó otro, presentado primero en la reunión del G-20 en Los Cabos y luego en la reunión de Río+20 (http://bit.ly/MKSMHa). La lectura de los documentos tiene, al menos, un par de hechos interesantes.

El primero lo deja a uno con un sentimiento de que son descubridores del agua tibia: se afirman conceptos y hechos que muchos hemos repetido en el pasado (a veces remoto) sobre nuestro país. Uno ejemplo es que el documento del PNUMA describe como “mito” a una supuesta “incompatibilidad” entre sustentabilidad ambiental y progreso económico de una región o país, enfatizando que “existen evidencias sustanciales de que el “reverdecimiento” de las economías no sólo no inhibe la creación de riqueza, sino que es fuente potencial de creación de muchos nuevos empleos”.

Otra “novedad” se refiere a la forma en que una “economía verde” puede reducir la pobreza persistente en sectores de gran importancia como la agricultura o la forestería con prácticas de forestería sustentable (como los varios ejemplos que tenemos en México) y una agricultura que usa métodos productivos amigables con el ambiente, en especial en la agricultura de subsistencia. Los documentos añaden que la transición a una “economía verde” y sustentable debe acompañarse de la eliminación de subsidios ambientalmente dañinos y perversos (algo en lo que reiteradamente hemos insistido en México) y la atención a las externalidades ambientales de la producción por medio de incentivos de mercado, a lo que yo añadiría la necesidad de basar las decisiones y políticas del desarrollo verde en la mejor información científica posible.

Aunque ambos documentos coinciden en numerosos aspectos fundamentales, hay una gran diferencia en el énfasis con el que los problemas ambientales globales son tratados. El documento del PNUMA hace un análisis equilibrado entre los problemas de la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, mientras que el de la OCDE apenas menciona la pérdida de biodiversidad y se enfoca centralmente en los efectos del cambio climático en un nebuloso “efecto ambiental”. La más grande diferencia consiste en la definición explícita de qué es un “mercado verde” y aquí el reporte de la OCDE deja mucho que desear. Coincido básicamente con lo propuesto por el PNUMA.

Por “economías verdes”, aplicadas al manejo del capital natural, habría que entender no exclusiva pero sí primordialmente un mecanismo de actividad económica que ocurre fuera del control de las grandes corporaciones, transnacionales o no. Esto puede significar crecimientos económicos menos espectaculares que los esperados, que están basados en gran medida en: a) iniciativas regionales de manejo de recursos naturales, promovidas por comunidades locales, frecuentemente las dueñas de los recursos con los que se realice el comercio, b) la generación de un amplio beneficio social, c) un diseño y planeación realizados con la participación de los dueños de los recursos convirtiéndolos en los empresarios de esas actividades y d) el diseño de la actividad económica sustentada en información científica que asegure lo más posible la sustentabilidad ecológica, económica y social de la empresa. Instrumentando esta idea, México puede avanzar enormemente en reducir la pobreza rural, cambiar la sicología de esa población y generar riqueza donde más se necesita.

(José Sarukhán / El Universal para Yucatán Hoy)