En 2012 se cumplen 10 años de haberse promulgado la Ley Federal de Transparencia, que dio pie a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), al que actualmente se agregó la protección de datos personales. Mucho se ha avanzado en materia de rendición de cuentas y transparencia desde entonces, pero falta mucho por hacer. De hecho, son más los pendientes que los logros. El saldo no es bueno.

A nivel federal, es permanente la resistencia de los funcionarios a dar a conocer su información. Bajo argucias técnicas y legaloides suelen retrasar la entrega de las solicitudes, niegan la existencia de la información, argumentan que la petición no es precisa, catalogan como estratégico o de seguridad nacional aquello que —sin serlo— simplemente no están dispuestos a dar a conocer, violan la secrecía de los solicitantes, llevan hasta sus últimas consecuencias los tiempos de cada solicitud, obligan a que el solicitante recurra la negativa con la intención de cansarlo, entre otras tácticas que abonan a la opacidad en el manejo de recursos públicos, lo que es inaceptable desde cualquier óptica.

Ahí, la falta de “dientes” del IFAI se combina para abrir las puertas a la impunidad. Sin mecanismos de sanción efectiva, la transparencia queda a expensas de la buena o mala voluntad del gobernante y la autoridad. Durante la última década tampoco se ha ganado mucho en materia de prevención de prácticas oscuras. No se han actualizado las herramientas de trabajo para anticipar el volumen de solicitudes, su eficacia de respuesta, ni echado a andar efectivos mecanismos coercitivos para desalentar la opacidad. Mejor prevención y más sanciones efectivas ayudarían a hacer efectivo este derecho.

Pero si a nivel federal el panorama no suena bien, expertos en la materia consideran que el tema en los estados de la República es todavía peor, por falta de homologación de las leyes estatales con la norma federal, el avasallamiento de poderes gubernamentales, legislativos y fácticos en algunos lugares donde se asfixia la posibilidad de acceder a la información pública.

Sergio López Ayllón, académico del CIDE, lo explica de manera contundente: “Por un lado existe en el país un sistema de transparencia y acceso a la información, oficinas responsables del acceso a la información y portales de transparencia, y, por el otro, un panorama que presenta asimetrías, desequilibrios y carencias notables, además de que se dan, con frecuencia, resistencias políticas que implican acciones claras en contra de los organismos garantes de la transparencia”. Tan simple y grave como eso.

Este cuadro debe cambiar y mejorarse. Es un avance tener la ley y qué bueno que cumple 10 años. Ahora hay que hacer que la rendición de cuentas sea una cultura y no un estorbo para los funcionarios públicos.

(Editorial EL UNIVERSAL)