-Hoy, 30 de agosto, se celebra el Día Internacional Contra la Desaparición Forzada. En el lenguaje legal, hay algunas conductas que cuando las comete un particular se llaman de un modo y cuando las comete el Estado se llaman de otro

Tal es el caso de las lesiones (así llamadas cuando las comente un particular) y la tortura (así llamada cuando la cometen agentes del Estado), o del homicidio (cuando lo comenten particulares) y las ejecuciones sumarias, arbitrarias o extralegales (llamadas así cuando la cometen agentes estatales) y el secuestro (cuando lo comenten particulares) y la desaparición forzada de personas (llamada así cuando es cometida por el Estado).

Esta diferenciación es importante para distinguir la gravedad del asunto. Si un secuestro cometido por agentes delictivos es una de las conductas más aberrantes que hay, cuando el Estado es el que secuestra la gravedad de este acto se incrementa de manera sustancial.

Nuestro país ha pasado por algunas etapas negras en las que se han dado desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y otras graves violaciones a los derechos humanos. Recordemos la época de la llamada “guerra sucia” en la década de los 70. La CNDH investigó cientos de casos; concluyó que cuando menos en 532 hechos había elementos para poder concluir que se trataba de desapariciones forzadas, y que por lo menos 275 de ellos en efecto constituían desapariciones forzadas.

Durante el sexenio de Fox se hicieron esfuerzos adicionales para investigar casos de desaparición forzada y se constituyó la Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del pasado (Femospp). Esta Fiscalía investigó 797 casos. Es la hora, a 40 años de distancia, en que todos estos crímenes permaneces impunes.

Durante el sexenio de Zedillo se planeó y puso en práctica una guerra de baja intensidad en el estado de Chiapas en contra de los integrantes y simpatizantes del EZLN. Se cometieron numerosas violaciones graves de derechos humanos, incluyendo masacres, ejecuciones sumarias individuales, detenciones arbitrarias, tortura, persecución a defensores y defensoras de derechos humanos.

Los funcionarios públicos que planearon y ordenaron la ejecución de estas acciones también se encuentran libres.
En el año 2000, apreciamos algunas luces. Hincó raíz la política exterior sembrada por el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman, y la subsecretaria Mariclaire Acosta Urquidi. No afectó su salida de la SRE. Sus políticas se mantuvieron durante todo el sexenio de Fox. A nivel interno, se hicieron algunos esfuerzos, que a la postre fueron malogrados, pero que al ser anunciados generaron cierta esperanza.

En marzo de este año visitó México el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, y emitió un comunicado al final de su visita. La situación actual descrita en ese documento es renegrida. Informó que tuvo conocimiento de que en México se han cometido más de 3,000 desapariciones forzadas, que según informes de la CNDH, en 2009, dicha institución recibió reportes de 9 mil 578 casos de secuestros de migrantes, y que entre abril y septiembre del 2010 al menos 11 mil 333 migrantes fueron secuestrados.

Señala que estos secuestros de migrantes son perpetrados principalmente por organizaciones criminales, pero, explica, que en algunas ocasiones se tenían indicios de que agentes estatales colaboraban con las organizaciones criminales para cometer esos secuestros, convirtiéndolos así en verdaderas desapariciones forzadas.

Al 31 de marzo, el Grupo de Trabajo indicaba que no era posible aceptar que todos los secuestros de migrantes fueran realizados exclusivamente por el crimen organizado, ni descartar que exista participación de gente del Estado.

Muy poco tiempo pasó para que la realidad nos diera en la cara. El 9 de mayo nos enteramos por la prensa que habían sido rescatados 120 migrantes que afirmaban que agentes del Instituto Nacional de Migración los habían entregado al crimen organizado

Se armó el escándalo, y no se tuvo otra más que reconocerlo. Empezaron los ceses de decenas de agentes del INM por presuntos actos relacionados con secuestros (desapariciones forzadas, propiamente dichas). Seis agentes arraigados bajo proceso penal.

Y, lo peor, es que la situación reportada al Grupo de Trabajo, o la que trasciende a los medios, es solamente un pequeño segmento de esta realidad. El Grupo de Trabajo ha destacado reiteradamente en sus diversos informes sobre el fenómeno del subregistro de casos de desapariciones forzadas en todas partes del mundo, debido al profundo temor que los familiares y seres queridos de los desaparecidos sienten, por lo que se abstienen de denunciar el delito ante las autoridades.

Tampoco acuden a las instancias internacionales, no solamente por temor, sino en muchos casos por ignorancia sobre la existencia misma de esas instancias.

En mis entrevistas recientes con familiares de personas desaparecidas, he podido constatar que, a pesar de tener documentados decenas de casos que me consta que cumplen claramente con los requisitos requeridos por el Grupo de Trabajo para ser aceptados, los familiares deciden no remitirlos a la ONU, ni a la CNDH, ni mucho menos a las agencias del Ministerio Público.

Estoy convencido de que, además de los 3,000 casos de los que las ONG afirman tener conocimiento, y de los miles de casos de migrantes desaparecidos de que se tiene conocimiento a través de la CNDH, hay muchos más, que ni siquiera a las ONG les han sido informados por los familiares de las víctimas.

El problema del subregistro de desapariciones forzadas, por desgracia, es un fenómeno que se da en todos los países en donde se presentan desapariciones forzadas, y México no es la excepción.

Entre las recomendaciones preliminares formuladas por el Grupo de Trabajo al Estado mexicano después de su visita a México, se destaca la de establecer un programa nacional de búsqueda de personas con un protocolo de acción inmediata. Me parece de la mayor trascendencia que este programa se instale de inmediato.

Los familiares y allegados de los desaparecidos sufren una verdadera tortura mientras no sepan dónde están sus seres queridos, o que fue lo que les pasó.

(El autor fue integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU entre 2004 y 2010, y fue su presidente entre 2006 y 2009).