Una de las múltiples acepciones que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española le da a la palabra radical es la de extremoso, tajante, intransigente; lo que la coloca como un término no sólo peyorativo, sino también moralmente incorrecto.

Políticamente, los extremos son vistos como algo inaceptable, ya que desde una posición ecuánime, se tiene la capacidad de abrirse a nuevas posibilidades y tolerar otras visiones, de allí que el Islam radical sea concebido como un problema que atenta contra la democracia y la secularización del Estado.

En Asia Central, el fenómeno de la radicalización del Islam ha sido un proceso gradual, que ha sufrido una aceleración en los últimos años. Si bien, es en la década de 1970 cuando comienzan a llegar personas que promueven esta visión, no es hasta el decenio de 1990 cuando se desarrollan, de la mano del nacimiento de estas Repúblicas.

El tema de la religión en estos cinco países, siempre ha sido un asunto delicado, en parte porque la región ha sido siempre una zona de convergencia de diversas religiones, y por lo tanto un lugar donde se percibe una manera original de adoptar, pero también de adaptarlas a su vida diaria. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos centroasiáticos han apoyado la difusión y conservación del Islam en sus respectivos Estados, y aún así se ha permitido un pluralismo religioso, en el que se toleran a todo tipo de religiones, sobre todo en Kazajstán y Kirguistán, aunque contradictoriamente, estas mismas sociedad resultan mucho más cerradas a la convivencia con otras ramas del Islam, ya que la mayoría de los que profesan el Islam son de la rama Sunní.

Tengo el privilegio de ser miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Me es un privilegio por compartir ese espacio con 19 mujeres y hombres por los que tengo admiración y respeto; por poder colaborar en una institución en la que trabajan, encabezados por Ricardo Bucio, también mujeres y hombres comprometidos por hacer de ésta una democracia más incluyente y justa; y porque me permite ser partícipe de la misma batalla con ellas y ellos.

Aspiro a vivir en una democracia en la que no haya atributo, etiqueta o elección personal que inhiba igual acceso a derechos. Así, entiendo la discriminación como la exclusión para acceder libremente a los mismos derechos. La discriminación prolonga desigualdades al restringir libertades. No puedo pensar ambos términos de manera separada. Por tanto, luchar contra la discriminación, para mí, es luchar por las libertades. Por la igualdad del espacio para su ejercicio.

He encontrado en el Conapred siempre un espacio libre de deliberación e intercambio de opiniones. Por ello me permito este texto, con cuyas opiniones sé que no coincidirán algunos de mis colegas asambleístas o miembros del Consejo.

No conozco a Alfredo Jalife-Rahme; no lo sigo en Twitter; y puedo asegurar, después de revisar sus tuits para escribir este texto, que no pienso hacerlo. No coincido con sus posiciones; me molesta el tono; y me incomoda su reducción del mundo, su dedo sistemático señalando todas las causas hacia una conspiración encabezada y/o acompañada por miembros de la comunidad judía.

Sí, pero creo que sus opiniones deben ser protegidas por su derecho a expresar libremente sus ideas. No sólo eso: estoy convencido que las opiniones que Jalife ha expresado en Twitter no implican discriminación alguna.

Las recomendaciones al Estado mexicano emitidas por el comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU son apabullantes.

El pasado 27 de julio, el comité de la CEDAW (por sus siglas en inglés) dio respuesta al séptimo y octavo informe periódico de México sobre el cumplimiento de la convención internacional para erradicar la discriminación contra las mujeres, y en ésta resalta el reducido número de consideraciones positivas mencionadas entre las que se reconocen, sobre todo, avances legislativos.

Este comité enumera con claridad graves fallos y sus observaciones delinean una agenda prioritaria de los derechos de las mujeres en el país, haciendo especial énfasis en la urgente necesidad de una efectiva aplicación de las leyes.

Las recomendaciones abarcan once áreas temáticas que tienen que ver con la estrategia de seguridad, la armonización legislativa en los estados, la violencia contra las mujeres y el feminicidio, el tráfico de personas, la participación política, los riesgos enfrentados por defensoras de derechos humanos y periodistas, la educación y la educación sexual específicamente, la inequidad en el empleo, el acceso a la salud incluyendo la interrupción legal del embarazo, la situación de las mujeres indígenas que habitan en localidades rurales y las relaciones familiares y matrimoniales.

Aquí abordaré sólo las vinculadas a violencia contra las mujeres, feminicidio e interrupción legal del embarazo.

Amarillo, rosa y verde son los colores representativos de la promesa de eliminar el VIH en un país en el que 3,5 millones de personas están contagiados con el virus.

En los suburbios de Abuja (Nigeria), dedicados ejecutores de los programas de VIH identifican meticulosamente la zona afectada por la epidemia con puntos de colores, que simbolizan la ubicación de las poblaciones de mayor riesgo. A escala nacional, estas poblaciones —incluidos las trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas inyectables y los hombres que tienen sexo con hombres— comprenden alrededor del 3,4% del total de la población, pero representan el 40% de las nuevas infecciones en el país.

La localización de estas poblaciones en situación de riesgo forma parte del primer esfuerzo nacional respaldado por el Banco Mundial para realizar el seguimiento de un virus que infecta a aproximadamente 1.000 personas diariamente en este país de África occidental, el segundo número más alto de casos en el mundo.

El ejercicio conecta los puntos entre los centros de salud y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que prestan servicios —incluidos la terapia antirretroviral, el asesoramiento y el tratamiento del VIH, y la prevención de la transmisión del virus de madre a hijo (PTMH)— y las poblaciones de mayor riesgo. También se calcula el tamaño de estas poblaciones, dónde operan y sus comportamientos, lo que pondrá en evidencia las brechas programáticas y ayudará a mejorar el diseño, implementación y evaluación de programas para prevenir el contagio.