|
Desobediencia civil contra la austeridad capitalista |
|
|
|
|
Escrito por José Ramón Castaños, José Luis Longarte, Juan Hernández Zubizarreta y Mikel de la Fuente
|
|
Lunes, 29 de Abril de 2013 13:01 |
|
1- Todos los Manuales de Desobediencia Civil publicados por las numerosas organizaciones que la promueven en el Estado español coinciden en definir la desobediencia civil como “una acción política no violenta, consciente y organizada, contra una ley, una disposición gubernamental o una orden de alguna autoridad considerada injusta e ilegítima, que se emprende con el objetivo de invalidar dicha ley y de establecer una nueva legalidad constituyente en la que los derechos sociales y civiles que se reivindican queden reconocidos de facto”.
Esta secuencia se ha repetido siempre en todos los movimientos de desobediencia civil realizados hasta ahora. Este fue el caso del potente y generalizado movimiento antimilitarista de los años 80-90 que consiguió eliminar el reclutamiento militar forzoso a través de la objeción de conciencia y de la insumisión al Ejército. También lo fue en el caso de Itoitz, aunque en esta ocasión no se consiguiera la victoria, o en el más reciente del movimiento feminista con la campaña de autoinculpaciones en apoyo de las clínicas abortistas que habían practicado en Madrid abortos no permitidos por la ley. La misma secuencia puede apreciarse igualmente en las campañas de desobediencia realizadas contra empresas privadas, como en el caso de las luchas por la moratoria nuclear contra las compañías eléctricas, o en el más reciente contra los desahucios de viviendas impuestos por las entidades bancarias.
-2- Todos los ejemplos de desobediencia civil conocidos hasta ahora presentan algunos rasgos comunes que deben tomarse en consideración a la hora de plantearse la desobediencia contra las políticas de austeridad capitalista. Destacamos entre otros las siguientes:
Que la desobediencia civil es una herramienta de lucha que dignifica a las personas y colectivos que la realizan, contribuyendo más que ninguna otra a pasar de la condición de siervos domésticos del poder, a la condición de ciudadanos libres. Esta es una de sus principales virtudes.
Que, con alguna excepción, los sujetos de la acción han sido siempre las personas, grupos de personas o colectivos sociales directamente afectados por una ley o por una situación de injusticia manifiesta: los jóvenes en edad militar en unos casos, las mujeres y los movimientos ecologistas en otros, los directamente afectados por los desahucios de viviendas, etc.
Que, salvo excepciones, la mayor parte de las organizaciones tradicionales: partidos políticos y sindicatos, han permanecido al margen de estos movimientos, lo que ha contribuido a crear un problema adicional de legitimación social de la desobediencia civil.
Que las instituciones políticas: Parlamento y Gobierno central, Parlamentos y Gobiernos autónomos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, han sido siempre y en todas partes hostiles a la desobediencia civil, aún cuando la mayoría social la considere legítima y la apoye de alguna manera. La única excepción a esta “norma de conducta” la encontramos en algunos municipios vascos que, de la mano de los partidos antes mencionados, se autoinculparon en solidaridad con los insumisos vascos al servicio militar en el Ejército español, o en el apoyo que posteriormente dieron a los insumisos de Itoitz. Estos son unos buenos precedentes para reemprender ahora la desobediencia civil contra la austeridad capitalista en Euskadi.
Que en todos los casos ha habido represión política, condenas judiciales, años de prisión y multas económicas para quienes han hecho la desobediencia. Esta reacción de los poderes públicos ayuda siempre a la legitimación social del movimiento, pero requiere un alto grado de conciencia, de compromiso militante y de solidaridad ciudadana para soportar las consecuencias derivadas de la acción práctica
Que sólo triunfan las desobediencias civiles que obtienen una alto grado de legitimación social , de apoyo ciudadano y de cobertura institucional
Que la desobediencia civil es una herramienta de autodefensa que, en caso de victoria, puede hacer desparecer las causas (leyes o decisiones gubernamentales) que generan determinadas situaciones de injusticia, pero que no puede resolver por sí misma las consecuencias derivadas de la austeridad capitalista en el marco de los Estados-Nación que conforman la Unión Europea. La solución a los problemas del desempleo, del empobrecimiento general de las clases trabajadoras, de la deuda externa, o del deterioro general de los servicios sociales, requieren de movilizaciones generales y continuadas de toda la sociedad civil en un grado y con una intensidad superior a las que conocimos en el pasado, pues ahora nos enfrentamos no sólo al Estado español, sino también a la Unión Europea. La impotencia de los trabajadores griegos para doblegar a su propio Estado nacional a pesar de las sucesivas HGs que han protagonizado, nos muestra la intrincada relación entre la escala nacional-estatal y la escala europea en que se plantean las alternativas centrales a la austeridad capitalista. Esto plantea la necesidad de elaborar una escala reivindicativa diversificada en los ámbitos nacionales, estatales y europeos, así como una política de unidad de acción apropiada a cada una de esas escalas, entre todos los sindicatos y todos los movimientos sociales en alianza con todas las izquierdas políticas. Otra de las condiciones necesarias para el éxito la desobediencia civil es llevarla al interior de las instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamento y Gobierno Vasco), con el fin de que hagan suyas las demandas ciudadanas y las transformen en leyes más justas o en demandas que ellas mismas asuman antes las instituciones españolas y europeas.
-3- El momento en que vivimos es uno de los más propicios que se pueden imaginar para promover movimientos de desobediencia civil contra las políticas de austeridad capitalista, pues están reunidas todas las condiciones que pueden hacerla posible. A saber: (1) la ausencia de perspectivas de vida digna en el marco de las políticas económicas y sociales del Estado español y de la Unión Europea. (2) la crisis de credibilidad de un sistema político que es incapaz de garantizar las condiciones mínimas de existencia a todos los ciudadanos. (3) la indignación ciudadana ante tanta injustica social y ante tanta corrupción política como la que estamos conociendo estos días. (4) la existencia en Euskal Herria de una amplia red de organizaciones sindicales, sociales y políticas, educadas en la rebeldía política contra el Estado.
|
|
|
Escrito por Gustavo Duch Guillot
|
|
Lunes, 29 de Abril de 2013 12:56 |
|
Como una tradición complementaria a la diada de Sant Jordi, el día después aparecen las estadísticas de venta de rosas y podemos saber si este año la crisis les ha afectado mucho o poco, qué variedad ha sido la más solicitada y, si buscamos un poco más, quién produjo las rosas que hemos regalado, es decir, a qué población ha beneficiado económicamente una fiesta tan singular.
Aunque se saborean y disfrutan, las flores no se comen, y quizás por ello puede parecer menos vital pero es preocupante que, igual que en otros sectores agrícolas, Catalunya requiera de la importación de flores para cubrir la demanda. Y no sólo la del día de Sant Jordi, sino la del resto del año. Por eso, desde hace un tiempo, en el listado de proveedores de rosas aparecen países latinoamericanos como Colombia o Ecuador y países africanos como Kenya. Las organizaciones sociales que analizan este modelo agrario globalizado repiten que detrás del negocio de comercialización internacional de flores se invisibiliza a miles de hombres y mujeres explotados, en viveros con mala gestión medioambiental, con sus derechos laborales violados y trabajando en malas condiciones. Pues bien, según cifras recogidas por GRAIN, y extrapolando datos europeos, actualmente una de cada nueve rosas llegan de una única multinacional de la flor cortada, la hindú Karuturi Global Ltd, que en sus viveros de Etiopía y Kenya produce 580 millones de flores anualmente.
Repasando el terrorífico historial de Karuturi, encontramos dos nuevas injusticias muy propias del catálogo capitalista que tanto se lleva: el acaparamiento de tierras y la evasión de impuestos, y las dos pueden añadirse al conjunto de prácticas que nos permite afirmar que, además de ahogar a los viveros del Maresme, a quien no benefician, ténganlo por seguro, es a la población campesina de esa zona de África.
Acaparadores. En los últimos años son muchas y continuas las voces que advierten y denuncian el fenómeno de concentración de las mejores tierras fértiles africanas a manos de empresarios extranjeros o firmas financieras que las utilizan -a su antojo, como si fueran suyas- bien para producir productos agrarios que se exportarán, bien para especular con este preciado recurso finito. Y siempre desplazando a la población local, que en esos lugares tenía sus campos, sus alimentos y sus medios de vida.
Karuturi es uno de los casos de acaparamiento más conocido, pues solo en el año 2009 se hizo con los derechos de una superficie de 300 mil hectáreas de tierra de cultivo en Etiopía. Tierras que equivaldrían a la mitad de toda la provincia de Barcelona fueron robadas de la noche a la mañana, con el consentimiento del gobierno local, a las y los habitantes que en ellas vivían y a las y los pastores que en ellas cuidaban su ganado. En manos de la multinacional estos suelos se dedican a cultivos de exportación- muchos de ellos para producir agrocombustibles- empleando muy pocos trabajadores que con suerte cobran 50 céntimos de dólar por día. En definitiva, con la llegada de Karuturi las personas de estos lugares ya son parte de la contabilidad de población mundial que sufre hambre y desnutrición.
|
|
Reforma migratoria en Estados Unidos: lucha histórica de los migrantes mexicanos |
|
|
|
|
Escrito por Fidel Herrera Beltrán
|
|
Domingo, 28 de Abril de 2013 09:40 |
|
Con la reforma migratoria que impulsaron en el Senado de los Estados Unidos ocho de sus integrantes, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, encabezados por el senador y activista republicano de origen cubano Marco Rubio, —militante del Republicano— se vislumbra un mejor panorama para los once millones de migrantes que viven en ese país sin documentos migratorios que los avalen, particularmente para los seis millones de compatriotas que estudian o trabajan en ese país en esa condición.
La propuesta de reforma migratoria que se estudia propone que para alcanzar un estatus de legalidad el migrante compruebe diez años de residencia en Estados Unidos, así como un comportamiento apegado a sus leyes. Los niños que migraron con sus padres podrían regularizar su estancia demostrando cinco años de residencia, el dominio del idioma inglés y el pago de una multa.
El senador republicano Charles Grassley, sostiene que se realice un análisis para detectar posibles debilidades de esta iniciativa antes de ser aprobada y evitar así que la reforma se convierta en una carta de regularización general que permita la llegada de una ola incontrolable de inmigrantes de todo el mundo. En tanto, el senador demócrata Chuck Schumer, afirma que la regularización de los migrantes indocumentados permitirá tener un mayor control sobre ellos al tener conocimiento de su residencia y actividades en esa nación.
Así, el debate de esta reforma refleja un ambiente positivo previo a la reunión de Estado que sostendrán los presidentes Enrique Peña Nieto y Barak Obama en nuestro país en los próximos días 2 y 3 de mayo. El tema migratorio, junto con el del desarrollo económico y social, seguramente serán abordados en la agenda bilateral de ambos mandatarios.
Es claro que éste es un avance concreto de las demandas de los migrantes mexicanos por alcanzar una estancia legal en Estados Unidos, a efecto de tener condiciones de igualdad en sus derechos laborales y acceso a los sistemas de seguridad social, particularmente al servicio médico y la educación. De igual forma, representa un avance en el objetivo de construir un mercado laboral unificado al estilo de la Unión Europea, en donde la movilidad del trabajo brinde ventajas competitivas a ambos países.
El primer paso está dado y todo indica que será una realidad en beneficio de millones de seres humanos.
|
|
No una opinión, sino un ramillete de voces |
|
|
|
|
Escrito por Amador Fernández-Savater
|
|
Sábado, 27 de Abril de 2013 07:03 |
|
"¿Se puede pensar en un periódico?" Esta es la pregunta que me hice cuando Nacho Escolar me invitó a colaborar en el diario Público en 2007. El periódico me parecía un buen lugar desde el que dialogar con la ola de fondo que se expresaba en movilizaciones como el “No a la guerra”, la reacción social tras el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 o las sentadas por una vivienda digna más conocidas como V de Vivienda. Una ola de fondo que hablaba de una nueva forma de entender la política, ciudadana y no partidista, que el 15-M ha hecho ahora visible para todo el mundo. Pero me incomodaba el papel que se me ofrecía, esa posición de dominio sobre la realidad con respuesta para todo que es la del opinador. Yo no quería “opinar”, sino abrir preguntas y compartirlas con otros. Pensé que podía intentar hacerlo a través de una sección de entrevistas a la que llamé “Fuera de Lugar”. En vez de juzgar sobre todo y cualquier cosa, se trataba de buscar y dar la palabra a algunas voces (más o menos visibles, más o menos escondidas) que hacen un trabajo específico de pensamiento. Ofrecer, no tanto una opinión más, como un ramillete o una constelación de voces. Las entrevistas se publican ahora en este libro revisadas, editadas, ilustradas, ampliadas y entrelazadas. En el prólogo al libro, que puedes leer aquí, explico a partir de esta experiencia cómo entiendo mi papel como "contrabandista de pensamiento" en los medios de comunicación. Es un texto largo, puedes leerlo o imprimirlo en PDF aquí.
El octavo pasajero
En septiembre de 2007 apareció el primer ejemplar de Público, donde colaboré durante cinco años y se publicaron las conversaciones que recoge este libro. Público fue hijo de los primeros indicios de resquebrajamiento de la Cultura de la Transición (CT), ese orden simbólico que ha organizado el campo de lo posible en España desde hace más de treinta años: lo que se puede y lo que no se puede ver, pensar, hacer o recordar. El casillero previsible donde todo tiene su lugar (los políticos y la gente, lo normal y lo marginal, la izquierda y la derecha, los fachas y los catalanes, etc.) y en el fondo no pasa nada. La cultura consensual, desproblematizadora y despolitizadora que presenta la democracia-mercado como la única posibilidad de convivencia y organización de lo común.
Desde el «Nunca Máis» hasta las sentadas por una vivienda digna en 2006, desde el «No a la guerra» hasta el «Queremos la verdad» tras el atentado terrorista de marzo de 2004, nuevas politizaciones conmocionaron las formas establecidas de la política y abrieron una grieta liberadora en la CT que ahora el 15-M ha profundizado y hecho visible para todo el mundo. Fueron movilizaciones insólitas que cuestionaron inesperadamente la distribución de lugares y funciones de la CT: la política es cosa de los políticos, la palabra pública es asunto de expertos e intelectuales, el papel de la ciudadanía es votar y punto, etc. Y que desordenaron el orden de las clasificaciones, al no identificarse en ninguno de los lugares preestablecidos en el casillero para hacer política y abrir espacios de participación donde cualquiera podía implicarse.
Ese agrietamiento de la CT ensanchó lo posible y en ese ensanchamiento nació Público. El periódico se proponía cubrir un hueco a la izquierda del muy desgastado El País y dirigirse a las jóvenes generaciones que ya no leen periódicos.
El pensador y activista Franco Berardi (Bifo) habla de «generaciones posalfabéticas»: generaciones conectadas que han aprendido más palabras e historias de las pantallas que de la boca de sus madres, sin gran afinidad por la cultura crítica escrita, educadas más bien en y por las tecnologías de comunicación electrónicas, el cine de masas, las series y las redes sociales, la tele e Internet. Un público generalmente despreciado e ignorado por los medios de comunicación tradicionales. O, en todo caso, arrinconado en suplementos de tendencias que se dirigen a él como a un consumidor infantil y atontado. Esas mismas generaciones, afectadas en lo más hondo por el petróleo que se derramaba por las costas, por las políticas del miedo, la mentira y la guerra, o por la falta de vivienda digna, activaron en el cambio de siglo sus saberes y herramientas cotidianas en las nuevas politizaciones que empezaron a abrir brecha en la CT.
Público nació así con algunos desafíos y preguntas apasionantes: ¿cómo puede relacionarse un periódico con una subjetividad crítica no educada principalmente por la cultura escrita tradicional? ¿Cómo dialogar con los movimientos de la sociedad que están cambiando desde abajo el estado de las cosas? Preguntas y desafíos que surgen en el agrietamiento de la CT. Y que al mismo tiempo son su síntoma.
|
|
"La filosofía no sirve para nada. Justo por eso debería servir para gobernar" |
|
|
|
|
Escrito por Carlos Javier González Serrano
|
|
Sábado, 27 de Abril de 2013 06:46 |
|
Entrevista con Carlos Fernández Liria
Nacido en Zaragoza en el año 1959, Carlos Fernández Liria es profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Su labor docente nunca ha supuesto un impedimento para desarrollar una ferviente actividad política (Izquierda Anticapitalista) y participar con distintas iniciativas populares. Es autor de numerosos libros, muchos de ellos premiados con prestigiosos galardones, entre los que destacan El materialismo (Síntesis), Geometría y Tragedia (Hiru) o El orden de El Capital (editado por Akal y coescrito junto a Luis Alegre Zahonero). Conversamos con él con ocasión de la publicación de su último libro, ¿Para qué servimos los filósofos? (Catarata), sobre el estado actual de la filosofía y su papel en una sociedad que parece estar dominada por el poder económico.
Como profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, y tras la imposición del Plan Bolonia en los planes de estudio, ¿se atreve a hacer un diagnóstico del estado actual de esta disciplina?
Estamos en un momento muy difícil para la filosofía. A la devastación introducida por el ministro Wert en la enseñanza secundaria hay que sumar la situación en la que el Plan Bolonia y la crisis económica van a dejar las facultades de Filosofía. La antigua licenciatura de Filosofía, que contaba con 3.200 horas lectivas, se verá reducida a cosa de 900 horas de estudios de filosofía. Y 900 horas son absolutamente insuficientes para entender un texto cualquiera de la historia de la filosofía. La dificultad de un texto de Aristóteles, de Kant, de Hegel (o de Foucault o de Habermas) es siempre inmensa. La historia de la filosofía exige mucho tiempo de estudio, mucha paciencia, un trabajo que a veces parece inabarcable. Este trabajo, por cierto, es muy improbable sin contar con la ayuda de buenos profesores. La verdad es que los alumnos de la licenciatura, tras cursar 3.200 horas, reconocían salir con una formación muy modesta y sabían que, si de verdad les interesaba la filosofía, les esperaba toda una vida de esfuerzos incansables. Los alumnos del “grado Bolonia” no alcanzarán, sin embargo, más que una formación banal de cultura general sobre filosofía. Ahora bien, la filosofía es exactamente lo contrario que la cultura general. El resultado será, sencillamente, una estafa.
En el título de su último libro (¿Para qué servimos los filósofos?) emplea el verbo “servir” y el sustantivo “filosofía”. ¿En qué sentido y medida es esta útil?
Ahora que vemos dañada su enseñanza, es una buena ocasión para reflexionar sobre para qué sirve eso de la filosofía. Hay dos maneras de encarar este asunto. En principio, comparado con los efectos demoledores que el gobierno de Wert ha tenido para la enseñanza pública en general, lo que le haya ocurrido o le vaya a ocurrir a la Filosofía es un asunto periférico. No digamos ya si lo contextualizamos en la agresión general contra el estado del bienestar emprendida por el salvajismo neoliberal de esta legislatura del PP. Lo más grave, sin duda, es la privatización de la sanidad y la demolición de los derechos laborales más elementales. La Filosofía no podía esperar salir ilesa de este desastre civilizatorio en el que se han perdido en un año dos siglos de heroicas conquistas sociales. Probablemente, esta legislatura del PP será histórica, pues marcará el momento en el que nuestro país ingresó en el tercer mundo, quizás para siempre. Esto sentado, hay otra manera de encarar el asunto. El diagnóstico desde el punto de vista filosófico no puede ser más grave. Y no por intereses corporativistas, aunque sea mucho lo que los departamentos de filosofía pueden llegar a perder. Es un asunto que solo se aprecia en la medida en que se ama la filosofía con mucha intensidad. Los profesores de filosofía no tienen la culpa de que para defender algo que aman por encima de todo, tengan, al mismo tiempo, que defender su trabajo y sus condiciones laborales. ¿Se pierde mucho al perderse la filosofía? Desde un cierto punto de vista, perderse, no se pierde nada. La filosofía no tiene ninguna utilidad especial en esta vida. Desde otro punto de vista, en cambio, se pierde algo más importante que la vida misma: aquello que hace a la vida digna de ser vivida. Se puede vivir sin justicia, sin verdad y sin belleza. Pero la cuestión es si la vida sigue entonces mereciendo la pena. La filosofía es la única posibilidad que tenemos los seres humanos de comprender qué es lo que ocurre cuando se introducen en este mundo esas tres inquietantes tensiones éticas y políticas a las que podemos llamar platónicamente Verdad, Justicia y Belleza. Frente a la Verdad, somos iguales. Ante la Justicia, somos libres. Frente a la Belleza, nos descubrimos sintiendo que sentimos lo mismo que los demás, nos sentimos, por tanto, fraternos. Para eso sirve la filosofía, para entender qué significa eso de “Libertad, Igualdad, Fraternidad”.
|
|
|
|
|
|
|
Página 10 de 313 |
|
|
|