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Peña Nieto bien podría ser el caso de estudio perfecto de cómo NO hacer comunicación social. Ha gastado casi 40 mil millones de pesos en publicidad oficial y sus niveles de aprobación apenas rebasan el 10% por ciento.

Ese fracaso debería importarnos por muchas razones.

La primera es que la cantidad de dinero tirada a la basura en publicidad oficial pudo servir para muchas otras cosas más importantes. Es dinero público (o sea nuestro) que pudo usarse para combatir la pobreza, mejorar la educación o reconstruir las poblaciones afectadas por los sismos recientes.

La segunda, es que la cantidad de dinero destinado a comunicación social es tan grande que funciona como un subsidio perverso para la industria de los medios de comunicación. Es decir, en la práctica, muchos medios mexicanos sobreviven gracias a ese dinero asignado de manera discrecional y opaca; y no debido al valor que generan sus contenidos para usuarios y anunciantes.

Por eso los medios mexicanos le mienten a los ciudadanos a diario, ya sea diciendo verdades a medias, manipulado cierta información o, de plano, escondiendo otra. Porque si no lo hacen se quedan sin uno de sus principales ingresos.

La tercera, menos perceptible pero creo que la más importante, es el efecto que ese mal equilibro tiene en la construcción continua de la conversación pública en México.

En su libro “Sin palabras”, Marc Thompson dice que los posibles culpables del deterioro de la confianza sobre la democracia actual son los políticos, los ciudadanos y los medios de comunicación. Los políticos por su descarnado cinismo y el olvido de la función primordial de su oficio: procurar el bien común. Los ciudadanos por su apatía, ignorancia y desinterés de la cosa pública. Y los medios por olvidar el rol público del periodismo y apostar por el mercantilismo, la inmediatez y, ahora, la viralidad.

¿Pero quién es el verdadero culpable? Acaso los tres y acaso… ninguno. Sino algo que estos tres actores tienen en común: el lenguaje de la política.

Estuve en Dallas hace una semana. Visitamos el lugar donde el Presidente John F. Kennedy fue asesinado, la Dealey Plaza. Ahí, hay una frase suya que recuerda la grandeza del discurso político estadunidese. Es difícil comparar eso con los tuitazo racistas e ignorantes del Presidente Trump. El lenguaje político se ha venido devaluando de muchas maneras y la digitalización ha hecho más complejo ese fenómeno.

En otros tiempos, 40 mil millones de pesos habrían alcanzado para controlar absolutamente la opinión pública de México. A Peña Nieto no le ha servido de mucho, ni a los medios favorecidos tampoco: Televisa campea una de las peores crisis de su historia y la generación millenial desconfía enormemente de los medios tradicionales y prefiere informarse en “internet”. Fake news incluidas, por supuesto.

Por eso hay que aplaudir la victoria del amparo interpuesto por Artículo 19 ante la Suprema Corte para obligar a que el Congreso de la Unión cumpla la promesa que el mismo Presidente olvidó: regular el dispendio en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.

Es un gran paso, pero es apenas el primero. El amparo en sí mismo no va solucionar el problema. Habrá que acompañar el proceso legislativo con disciplina y ojo crítico para que la ley que surja de ahí sea moderna; garantice acabar con el derroche de dinero; impida que los gobernantes lo usen para premiar o castigar a medios/periodistas; y para que garantice la transparencia de los procesos de concurso, asignación y rendición de cuentas de los contratos, entre otras cosas.

Personalmente soy de la idea que los medios no debería recibir un solo centavo vía publicidad oficial. Esto obligaría a entregar verdadero valor periodístico como para que anunciantes y consumidores estén dispuestos a pagar por él. No es casualidad que Latinoamérica sea una de las regiones más rezagadas en muros de pago por contenido, pues en casi todos los países de la región existen modelos perversos de publicidad oficial.

Celebremos que la Corte le ha enmendado la plana al Congreso, pero no dejemos solos a los legisladores responsables de regular la materia.

No seamos ingenuos, Peña Nieto y los partidos políticos intentarán legislar para no cambiar nada. Ellos y muchos medios harán todo lo posible para conservar el status quo que tantos beneficios les ha redituado en detrimento del derecho a la información de todos los mexicanos.

Es hora de desmantelar ese sistema y construir uno más justo y competitivo. Para que los políticos lo piensen mejor a la hora de mentirle a los ciudadanos y los medios vuelvan a su razón de ser: hacer periodismo que fiscalice al poder y le sirva a la sociedad.

Librero.

Y a propósito de la importancia del buen periodismo, va un clásico: “All the President’s Men” (Simon & Schuster, 2012) de Carl Berstein y Bob Woodward. El libro que cuenta al detalle el escándalo de Watergate. En Estados Unidos les alcanzó para tumbar a un Presidente, en México el reportaje de la Casa Blanca sirvió para correr a Carmen Aristegui.

Por Adrían López Ortiz

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