Fundador: Alberto Loret de Mola / Director General: Cristián Loret de Mola
Director General Adjunto: Amira Ibrahim Ruano

Por Marino Castillo Vallejo *
 

La corrupción es un fenómeno que afecta no solamente a los individuos directamente involucrados, sino al orden social e institucional. En el caso de México, basta invocar los datos correspondientes a 2015 consignados por el Inegi en su informe del año pasado donde la corrupción se ubicó como el segundo problema que más preocupó a los mexicanos. Por ello, es necesario subrayar los esfuerzos realizados para combatir el complejo fenómeno que nos ocupa en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mecanismo en el que confluyen representantes de la sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno, entre ellos un representante del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de diseñar estrategias, metodologías y ejecutar acciones en contra de ese flagelo.

Así, el pasado 23 de junio se llevó a cabo la Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), uno de los ejes técnicos fundamentales del SNA. El evento es incuestionablemente relevante, pues su realización encierra aspectos que deben ser destacados en este momento en que comienzan a desplegarse actividades de personas y entes públicos integrantes del SNA, para enfrentar el enorme desafío de combatir la calamidad de la corrupción, reto en el que desde luego está empeñado el Poder Judicial de la Federación.

La primera nota sobresaliente que interesa comentar es la realización misma de dicha reunión, convocada por los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, quienes con este suceso fijaron el punto de partida para materializar el objeto del SNF, que es el que sus integrantes establezcan acciones y mecanismos de coordinación, intercambien información, ideas y experiencias y homologuen procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales para avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.

Es de celebrar el ánimo integrador de los convocantes al incluir en esta reunión a expertos en la materia y miembros de la sociedad civil, así como a los contralores de los órganos del Poder Judicial de la Federación, del Poder Legislativo de la Unión y de los entes constitucionales autónomos, quienes, de esta manera podrán estar al tanto de los trabajos de fiscalización, aun sin ser parte formal del SNF, pues de acuerdo con la normativa que lo rige, éste sólo se integra por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, así como por las entidades superiores de fiscalización y las contralorías de los estados de la República.

Tal integración es incompleta, pues sin duda la tarea de fiscalización se enriquecería con la participación activa de todos los responsables en el Estado mexicano de auditar, fiscalizar y controlar el adecuado uso y aplicación de los recursos que la ciudadanía ha confiado y puesto a disposición de los servidores públicos para el cumplimiento cabal de las tareas que constitucional y legalmente tienen encomendadas.

Es de acentuar también la pertinencia de las determinaciones adoptadas en el marco de la referida reunión y las que se asuman en las subsecuentes, que deberán propiciar la mejora en la calidad y eficacia de los trabajos de fiscalización a fin de verificar el adecuado uso del dinero público, así como el cumplimiento de metas y objetivos a cargo de los entes gubernamentales. En efecto, contar con el soporte de una buena auditoría donde se informe con precisión, oportunidad, veracidad y legalidad de posibles irregularidades equivale, en su contexto, a la debida integración del cúmulo probatorio que responsablemente se requiere para lograr lo pretendido en un juicio. Esta precisión técnica es básica, pues no observarla traería como consecuencia una ineficaz tarea fiscalizadora y repercusiones negativas en los resultados a que se aspira en el combate a la corrupción.

Sentar cimientos sólidos en la actividad fiscalizadora, disminuirá el número de fallas e inconsistencias en las auditorías y hará menos probable que en los procedimientos se exoneren a presuntos infractores. La suma de estas acciones evitará así el discurso ligero tendiente a inculpar a quien resuelve, como justificación de las deficiencias, falta de capacitación y pericia técnica de los responsables de la integración de los expedientes correspondientes, obstaculizando en consecuencia el cumplimiento de los propósitos de la lucha contra la corrupción.

El combate a los corruptos, sean servidores públicos o particulares debe ser tenaz, sin soslayar la necesidad de aplicar un alto grado de calidad técnica en la fiscalización de los recursos públicos, con apego estricto a la normatividad y a los principios que rigen a todo procedimiento legal, en el marco de una coordinación eficaz entre las instituciones participantes en el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual con plena convicción afirmamos, representa la gran oportunidad para ordenar y dar certeza a los esfuerzos dirigidos a erradicar tan lamentable fenómeno, el cual es de tal gravedad que ha impedido el pleno desarrollo del país.

*Contralor del Poder Judicial de la Federación

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