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Alberto Loret de Mola / Director General: Cristián Loret de Mola.

CAMPECHE, Camp. (apro).- La senadora Layda Sansores destacó que, “insólitamente”, la investigación del espionaje gubernamental denunciado en Campeche en 1998 ya se prolongó 19 años y, por lo que se ve, “se perfila para batir un récord” entre los expedientes judiciales a los que más largas se les ha dado.

En marzo de 1998, como colofón del movimiento de resistencia civil contra el fraude electoral por el que en 1997 el priista Antonio González Curi arrebató la gubernatura a Layda Sansores, entonces candidata independiente del PRD al cargo, ella y sus simpatizantes irrumpieron en un centro de espionaje gubernamental que operaba clandestinamente en una casa de la calle 61, en pleno centro de la ciudad.
Así, laydistas y periodistas que cubrían la acción sorprendieron en flagrancia a los tres espías que se encontraban en ese momento en el sitio, casualmente sus principales operadores.

El primero, responsable del sitio, Valente Quintana, es hijo del investigador del mismo nombre, quien tuvo a su cargo el esclarecimiento del asesinato de Álvaro Obregón; el segundo, José Antonio del Río, hijastro del extinto exjefe policiaco Mario Mena Hurtado y el último, suegro de Cruz Manuel Alfaro Isaac, quien era secretario de gobierno en el sexenio del exgobernador Jorge Salomón Azar García.

En el lugar, se encontraron además los equipos de espionaje, entre ellas una máquina Octopuss, con capacidad para intervenir simultáneamente tres mil líneas telefónicas, así como toda la documentación referente a su compra e importación, características técnicas y especificaciones del fabricante, la compañía israelita Tandu.

Asimismo, se encontraron cientos de cintas con las conversaciones y sus respectivas transcripciones, la mayoría de ellas de Layda Sansores, sus allegados y periodistas incómodos para el régimen.

Igualmente, las nóminas y organigramas del personal del centro de espionaje y hasta el manual de operaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que se encargó de capacitar a los espías. De esto, Proceso dio cuenta en su momento.

De acuerdo con la documentación encontrada ahí, el sitio fue montado y los equipos adquiridos por el gobierno del estado durante la administración de Azar García, pero el de su sucesor González Curi lo siguió financiando.

Aunque fueron más de ocho mil las evidencias que se presentaron junto con la denuncia, que fue ampliada y ratificada en varias ocasiones por Layda Sansores, quien se ha negado a dejar morir la investigación, ésta no ha prosperado.

Al respecto, Sansores comentó que en semanas recientes fue recibida por el subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, “le expuse que mi caso lleva 19 años y todavía no lo resuelven, eso es insólito”.

Irónica, dijo, que ante el reciente caso de espionaje que se destapó en México, “instan a los afectados del caso Pegasus a que acudan a la PGR a poner su denuncia; eso les ha de provocar burla, si mi caso, el caso Octopus, lleva ¡19 años y todavía no lo pueden resolver!”.

Añadió que el subprocurador mostró sorpresa y “hasta se mostró preocupado” al enterarse del tiempo que lleva abierta la averiguación que se inició en Campeche en mayo de 1998, luego de que se descubriera en flagrancia el centro de espionaje que el gobierno del estado montó en pleno centro histórico de la ciudad para vigilar a políticos, periodistas y líderes sociales.

“Trató de justificar a la dependencia argumentando que lo pusieron en reserva mientras se agotan las investigaciones; pero no, no está en reserva, está vigente, porque ganamos todos los amparos para impedir que el caso se cerrara, y por eso mi caso está vigente, vivo, y no le han dado solución”, resaltó.

Señaló que finalmente, el funcionario, del que, insistió, recibió un trato cortés, ofreció mandar a pedir el expediente del caso para revisarlo personalmente.

Sansores San Román dijo que en la delegación de la PGR en Campeche se le informó hace un tiempo que el juez que conocía del caso mandó a destruir la máquina que se utilizaba para intervención de llamadas, “que era prueba del delito, y de ser cierto, eso sería gravísimo, pero seguiremos insistiendo hasta que se resuelva el caso”.

“Y no sé para qué instan a las víctimas del espionaje a presentar su denuncia, si ellos son los que espían, los que compran los equipos, por eso no puede haber justicia y necesitamos apoyo de la justicia internacional”, recalcó.

Explicó que en su caso el argumento que se le ha dado para la dilación es que “sólo les faltan dos investigaciones que tienen que hacer a través de la interpol, porque tienen que declarar dos israelitas. Eso me dicen, pero si el que vendió las maquinas ya declaró que él se las vendió, que se reunió con el secretario de Gobierno, en un café, y que les advirtió que la maquina sólo servía para espiar…”

Destacó que su lucha de 19 años ha sido “muy solitaria”, pues no lo creyeron hasta que lo vivieron “y es sumamente indignante que te espíen, es como si te colocaran en una jaula y te están viendo a contraluz todo el tiempo.

“Es una sensación de total falta de privacidad, una desnudez; ves tu vida ahí minuto a minuto, palabra por palabra”, agregó, y advirtió que no cejará en su caso, “lo importante es no dejarlo”, concluyó.

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